Freddy Medrano
Editor en Jefe
SANTO
DOMINGO, República Dominicana.-Un año de prisión
preventiva como medida de coerción fue impuesto a una mujer acusada por el
Ministerio Público de estafar con más de RD$265 millones a ahorrantes de tres
entidades financieras que operaban bajo su dirección.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
del Distrito Nacional impuso la prisión preventiva a la imputada Aida Ramos de
Hernández y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación
Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
La titular de la Dirección Nacional de Investigaciones
de Delitos Financieros del Ministerio Público, fiscal Karina Concepción Medina,
dijo que su sometimiento se realizó con base en evidencias que les vinculan a
los delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos,
así como a la asociación de malhechores para el uso de los documentos falsos y
el lavado de dinero.
Los hechos se registraron durante los últimos 17 años.
En la instancia con la solicitud de medida de coerción,
la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros detalla que
abrió una investigación en contra de las sociedades comerciales Metrocrédito,
S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre
otros, por Ramos de Hernández, debido a que en el período comprendido entre los
meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra la cantidad
de 39 acciones penales por los indicados delitos.
La imputada, según consta en Registro Mercantil, se
desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades y tenía autorización
para firmar en representación de las mismas.
El expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció
con otros accionistas de las sociedades
comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar
intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades,
cuyos objeto social era el financiamiento de vehículos y otros bienes e
inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del
Distrito Nacional.
A través del esquema societario, Ramos de Hernández
junto con otros accionistas además utilizó esas sociedades para hacerles creer a las víctimas que tenían
la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera,
ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del instrumento de captación
denominado “papel comercial”, con el objetivo de cederlos a terceros en calidad
de préstamos, para recibir ganancias con tasas de interés anuales que oscilaban
entre un 4 y un 18 por ciento.
Ramos de Hernández cometió los hechos en asociación con
Alain José Gómez, quien, en marzo de 2020, antes de que las víctimas
presentaran las querellas, huyó del país hacia Cuba y desde ahí hacia Rusia.
A raíz de las diligencias del Ministerio Público es
buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como
Interpol.
La magistrada Concepción Medina junto al fiscal Carlos
Vidal, durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción,
presentó diferentes pruebas que vinculan a la imputada al caso.
Con las evidencias, el juez Juan Francisco Rodríguez
Consoró pudo establecer la vinculación de la encartada con el hecho delictivo
al que le ha sido otorgada la calificación jurídica de violación a los
artículos 148, 265, 266, 405 del Código Penal y 3 de la Ley 155-17, sobre
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Mientras Ramos de Hernández cumple la prisión
preventiva, el Ministerio Público continúa ampliando la investigación de este
caso de delitos financieros.
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