Freddy
Medrano
Redactor
en jefe
SANTO
DOMINGO, República Dominicana. - Los representantes del Ministerio Público consideraron
que fue acertada y ajustada al derecho la decisión emitida por la magistrada
Kenya Romero de enviar a prisión al mayor general Adán Cáceres, la pastora
Rossy Guzmán y otros tres implicados en el entramado de corrupción denominado
“Caso Coral”.
Wilson
Camamcho, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca), entiende que al igual que pasó con los implicados en el
caso Coral, todo el que utilice indebidamente el dinero del erario, deberá
sentarse en el banquillo de los acusados.
“El dinero
del erario debe ser utilizado correctamente y el que no lo utilice
correctamente, deberá sentarse en el banquillo de los acusados a responder por
su conducta. El Ministerio Público ha dicho y reitera que sigue trabajando para
desmontar completamente esta estructura de corrupción”, expresó Camacho.
Además de
Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, la jueza ordenó el envío a prisión de
Tanner Flete Guzmán, hijo de la pastora; Alejando Montero Cruz y Rafael Núñez
de Aza. Al imputado Alejandro Girón Jiménez, le impusieron arresto
domiciliario.
Las razones
por las que la jueza decidió imponer 18 meses de prisión a implicados en la
Operación Coral
Jueza envía
a cárcel de Najayo al mayor general Adan Cáceres y a la pastora Rossy Guzmán
La directora
de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reinoso, consideró que el
envío del mayor general Adán Cáceres a Najayo es correcto porque Operaciones
Especiales u otra cárcel especial, constituye un “privilegio irritante” que va
en contra de la Constitución.
Decisión
arbitraria
Los abogados
de la pastora Rossy, su hijo Taner Flete y del mayor general Adán Cáceres
consideraron arbitraria la medida de coerción dictada por la magistrada Romero.
Dijeron que van a esperar tener la resolución que emita el tribunal para
analizar una posible apelación de del fallo.
Lo que
dice el expediente
En el
expediente figuran como encartados el mayor general Adán Cáceres Silvestre,
quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep),
en el que supuestamente se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía
fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de
corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística
(Cestur).
Con Cáceres
Silvestre está imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de
sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron
al Estado y a los fondos de los contribuyentes.
También
acusan de testaferros, prestanombres y coimputados de corrupción al cabo
policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial
Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el
mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
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