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Deploran ineptitud autoridades municipales La Romana para enfrentar arrabalización


  

Freddy Medrano 

Editor en jefe 

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - El profesor universitario, ingeniero Alexander Holsteinson, y el empresario Juan José Arteaga, deploraron este miércoles la ineptitud de las autoridades municipales de La Romana ante el proceso de arrabalización que comienza a corroer a esa ciudad oriental. 



Explicaron que al parecer el municipio de La Romana, meca del turismo en la región Este, no cuenta con un alcalde ni con munícipes que se preocupen por el desarrollo y la protección urbanística de esa población. 



Holsteinson y Arteaga reaccionaron al comentar un reportaje especial de El Orientadorrd.com sobre el progresivo proceso de arrabalización a que ha sido sometida la ciudad oriental por vendedores ambulantes. 



Para Holsteinson, catedrático de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la situación que afecta a La Romana debería llamar la atención de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 



El especialista de la ingeniería geomática sostuvo que lo que está ocurriendo en esa ciudad es una verdadera locura en términos de planes urbanísticos. 



De su lado, el empresario Juan José Arteaga, exasesor económico del Poder Ejecutivo, consideró que La Romana sí tiene alcalde, pero “solo hay que meterse y ver su hoja de político y saque sus conclusiones”. 



El alcalde de la Roma es Juan Antonio Adames Bautista (Tony Adames), quien se ha visto envuelto en varios procesos judiciales vinculados a casos de corrupción. 



La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) recibió el 6 de octubre de este año, una querella de parte de El Movimiento Rescate Jurídico Nacional que acusa a Adames de malversación de fondos para “financiar sectores oscuros” con el objetivo de provocar “una desestabilización social”. 



Rafael Linares, presidente de la entidad, dijo que el presupuesto aprobado para este año en esa alcaldía asciende a 357 millones de pesos, detectándose una malversación de alrededor de 87 millones de pesos en perjuicio de los contribuyentes. 



 

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