FREDDY MEDRANO
Editor en jefe
SANTO DOMINGO, República Dominicana.
- Los implicados en el entramado de
Operación Coral 5G crearon empresas, evitaban auditorías con cuadres ficticios,
utilizaban bienes incautados como propios y destruyeron y fabricaron evidencias
para mantener oculta la red, entre otras actividades delictivas.
Según describe el Ministerio Público en la solicitud
de medidas de coerción a los procesados en que señala 25 características que
tenía la red, el grupo creó instituciones para suplirles combustibles y
materiales gastables, los cuales nunca eran entregados, pero para los que se
realizaban cuadres ficticios.
Según el documento, los imputados “nombraron personas
de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible,
almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines
de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General
de la República”, cita la solicitud de medida de coerción.
Señala que el grupo también asignó como partidas
millonarias mensuales para raciones y operaciones de inteligencia las cuales
eran utilizadas para gastos personales e inversiones de los directores y
financieros de las instituciones.
Afirma que también exigían sumas millonarias como
sobornos a empresarios suplidores del Cuerpo Especializado de Seguridad
presidencial (CUSEP) y del l Cuerpo Especializado de Seguridad Turística
(Cestur).
Asimismo “utilizaron militares y policías que se prestaron
para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los
recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a
través de instituciones castrenses y otras organizaciones”, dice la acusación.
Sobre este particular, dice que eligieron una sucursal
del Banco de Reservas y su gerente para que las transacciones que hicieran
policías y militares no generaran alerta al Sistema Financiero Dominicano.
Según el expediente, los procesados: “Inyectaron
dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones
millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de
evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio apariencia de
una Organización no Gubernamental”, explica.
Dice que, pese a la creación de las empresas para
adquirir bienes, estas no presentan operaciones comerciales, y establece que su
único fin era darle apariencia licita a las propiedades que adquirían los
miembros de la organización.
Señala que en ese proceso también fueron utilizadas
organizaciones religiosas, las cuales afirma son maniobras propias del crimen
organizado y le servían de escudo para disfrazar operaciones millonarias de
lavado de activos.
De acuerdo al expediente los implicados “distrajeron
fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin
trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una
pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90 % de lo cobrado, cada
mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización”, indica.
Otro de los señalamientos que hace el Ministerio
Público es el de haber utilizado sellos de la Contraloría General de la
República y otras instituciones para dar apariencia lícita a sus operaciones.
Sostiene que fruto de esas maniobras “adquirieron
decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última
generación, fincas, empresas, cuentas bancarias...) para colocar los activos
distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas
físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas”, además de haber utilizado bienes
incautados como propios, acciones que afirma les permitían poseer un estilo de
vida propio del crimen organizado.
Los imputados
Los imputados en Operación 5G son: el general Juan
Carlos Torres Robiou; el general Julio Camilo de los Santos Viola; el general
de brigada Boanerges Reyes Batista; el capitán de navío Franklin Antonio Mata
Flores; el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz; el coronel piloto
Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; el teniente coronel Erasmo Roger Pérez
Núñez; el teniente coronel Kelman Santana Martínez; el mayor José Manuel
Rosario Pirón; César Félix Ramos Ovalle; Miguel Ventura Pichardo; Jehohanan
Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco.
Conocen hoy medidas de coerción
La Oficina de Atención Permanente del Palacio de
Justicia de Ciudad Nueva tiene previsto conocer este domingo a las 10:00 de la
mañana la medida de coerción contra los 13 imputados en la denominado Operación
Coral 5G, para los cuales solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida
de coerción y la declaración del caso complejo.
El Ministerio Público depositó la noche del viernes
por ante esa dependencia judicial cinco contenedores con los expedientes
acusatorios de los procesados los cuales contienen más de 600 páginas y
setecientos 700 medios de pruebas documentales.
Entre las evidencias, el Ministerio Público menciona
documentos bancarios, títulos de propiedad, bienes inmuebles decomisados y una
serie de elementos probatorios.
“El Ministerio Público sigue ampliando esta
investigación, esta segunda fase del caso Coral apenas comienza y vamos a ver
qué sucede”, dijo coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, tras encabezar
el depósito de la documentación.
La supuesta red de militares del entramado de
corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G
movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según
la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público y se le ha
ocupado hasta el momento 125 propiedades.
Manejo piramidal
En el expediente acusatorio de la primera y segunda
fase de la Operación Coral, la (Pepca) establece que una de las principales
fuentes de recursos ilícitos, utilizada por los miembros del entramado
consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado
se Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad
Presidencial (Cusep).
Dice que desde las nóminas existía un esquema tipo
piramidal en donde, en el caso del Cestur, el imputado Juan Carlos Torres
Robiou, aprobaba nombramiento de personas que eran colocadas en el sistema de
recursos humanos por el director del Departamento de Recursos Humanos, el
imputado Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.
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