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Especialista demanda fortalecer Centro Nacional de Ciberseguridad; propone reelanzar la DICAT

 

ūüĎČEl presidente de la firma TecnologyInt, que organiza el VII Congreso de Inform√°tica Forense & Ciberseguridad, del 26 al 29 de octubre 2023 en el hotel Ocean el Faro, en Punta Cana, La Altagracia.

Redacción Freddy Medrano

EDITOR

SANTO DOMINGO, Republica Dominicana (EXCLUSIVO).-     El presidente de la firma TecnologyInt, Pedro Castillo, sugiri√≥ este martes al gobierno dominicano el fortalecimiento del Centro Nacional de Ciberseguridad de la Rep√ļblica Dominicana, que incluya el levantamiento de una nueva edificaci√≥n con tecnolog√≠a de punta, y con especialistas de primer nivel para beneficio del pa√≠s.

Dijo, igualmente, que es necesario aplicar una readecuación de la Procuraduría Especializada contra el Crimen y Delito de Alta Tecnología (DICAT) como forma de que el país pueda enfrentar los altos desafíos en materia de la innovación tecnológica.

Entrevistado con car√°cter de exclusividad para El Orientador, Castillo sostuvo que se hace necesario que el pa√≠s se proteja frente a los delitos cibern√©ticos que pod√≠an poner de rodillas la seguridad de Rep√ļblica Dominicana, y que han provocado da√Īos millonarios al sistema bancario dominicano con delitos de alta tecnolog√≠a.

“Mucha gente est√° con las puertas abiertas, sean personas, sean empresas y los hackers haciendo de la suya”, indic√≥.

Refiri√≥ que el sector turismo de la Rep√ļblica Dominica est√° en la mira de las organizaciones delincuenciales que tienen como tarea exclusiva hackear los grupos econ√≥micos de las mayores econom√≠as del mundo.

“El sector tur√≠stico de la Rep√ļblica Dominicana podr√≠a estar en juego por las amenazas de los ataques de los kackeadores”, declar√≥ Castillo.

Subrayó que para estar preparado para esas situaciones, se debe fortalecer de inmediato el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Se estima que el fraude en el comercio electr√≥nico en Am√©rica Latina y el Caribe alcanza los 430 millones de d√≥lares al a√Īo y las compa√Ī√≠as a nivel global pierden US$3,5 billones por fraude anualmente.

Castillo dijo  que “es necesaria la construcci√≥n de una edificaci√≥n con toda la tecnolog√≠a de punta para que el Estado Dominicano pueda actuar con eficiencia frente a los delitos cibern√©ticos y toda acci√≥n que pueda afectar la seguridad del pa√≠s en cualquier terreno”.

“Lo que se necesita es una edificaci√≥n moderna con 200 profesionales, certificados, no compa√Īeritos de la base de ning√ļn partido, porque esto es una cosa seria, ah√≠ tiene que ir profesionales graduados con doctorado en las m√°s prestigiosas universidades del mundo”, signific√≥.

Indicó que se hace necesario la readecuación del DICAT porque es un organismo que lo han mantenido rezagado, a pesar de los crecientes actos de los delitos cibernéticos.

“Hay muchos profesionales de ese organismo que est√°n pasando varias dificultades, sin veh√≠culos ni casa propia”, manifest√≥.

El especialista en temas de ciberseguridad dijo que esos profesionales deben recibir un salario digno para que puedan continuar brindando una labor con eficiencia y dignidad.

“Fortalecer el DICAT, 300 profesionales para ese organismo, y 300 profesionales para el Centro Nacional de Ciberseguridad”, subray√≥.

Castillo propuso que el Gobierno asigne en el Presupuesto Nacional un monto de US$20 millones para los dos organismos, con el propósito de que puedan hacer el trabajo que el país está demandando.

“Ah√≠ es que radica la soluci√≥n del problema, invirtiendo en los sitios que fueron creados por ley”, dijo.

La Ley

Lo que dice la Ley N√ļm.53-07 sobre Cr√≠menes y Delitos de Altas Tecnolog√≠as, aprobada por el Congreso Nacional, el 23 de abril del a√Īo 2007.

La presente ley tiene por objeto la protecci√≥n integral de los sistemas que utilicen tecnolog√≠as de informaci√≥n y comunicaci√≥n y su contenido, as√≠ como la prevenci√≥n y sanci√≥n de los delitos cometidos contra √©stos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnolog√≠as en perjuicio de  personas f√≠sicas o morales, en los t√©rminos previstos en esta ley.

La integridad de los sistemas de informaci√≥n y sus componentes, la informaci√≥n o los datos, que se almacenan o transmiten a trav√©s de √©stos, las transacciones y acuerdos comerciales o de cualquiera otra √≠ndole que se llevan a cabo por su medio y la confidencialidad de √©stos, son todos bienes jur√≠dicos protegidos.

Art√≠culo 2.- √Āmbito de Aplicaci√≥n. Esta ley se aplicar√° en todo el territorio de la Rep√ļblica Dominicana, a toda persona f√≠sica o moral, nacional o extranjera, que cometa un hecho sancionado por sus disposiciones, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acci√≥n delictiva dentro del territorio nacional;

b) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acci√≥n delictiva desde el extranjero, produciendo efectos en el territorio dominicano;

c) Cuando el origen o los efectos de la acci√≥n se produzcan en el extranjero, utilizando medios que se encuentran en el territorio nacional; y finalmente,

d) Cuando se caracterice cualquier tipo de complicidad desde el territorio dominicano.

P√°rrafo. - Aplicaci√≥n General. La presente ley es de aplicaci√≥n general a todas las personas f√≠sicas o morales, p√ļblicas o privadas, nacionales o internacionales.

Artículo 3.- Principios Generales. La presente ley tendrá como principios:

a) Principio de Territorialidad. Esta ley penal se aplicar√° a las infracciones cometidas en el territorio de la Rep√ļblica Dominicana.

Sin embargo, la infracci√≥n se reputar√° cometida en el territorio nacional desde que alguno de  los cr√≠menes o delitos previstos en la presente ley, se cometa fuera del territorio de la Rep√ļblica en las condiciones expresadas en los literales b) y c) del Art√≠culo 2, quedando el sujeto activo, en caso de que no haya sido juzgado mediante sentencia definitiva por el mismo hecho o evadido la persecuci√≥n penal en tribunales extranjeros, a la disposici√≥n de la jurisdicci√≥n nacional; b) Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad. Las restricciones y prohibiciones deben ser proporcionales a los fines y medios del peligro que se intenta evitar, ponder√°ndose con prudencia las consecuencias sociales de la decisi√≥n.

Al aplicar las penalidades impuestas por la presente ley, el juez competente deber√° considerar la gravedad del hecho cometido y tomar en cuenta que las penas deben tener un efecto social y regenerador, no s√≥lo para el individuo al que se le aplica sino tambi√©n para la sociedad en su conjunto.


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