Los legisladores de la oposición
abandonaron en pleno el Congreso Nacional, en protesta por el atentado que
sufriera el senador perredeísta por la provincia de Pedernales, profesor Pablo
Rafael Casimiro Castro, la noche del jueves 4 de mayo de 1967.
Ese hecho criminal fue perpetrado
por dos desconocidos a bordo de una motocicleta tipo Vespa italiana, quienes
lanzaron una bomba incendiaria hacia el interior del jeep que conducía el
dirigente político, en el momento en que se disponía a estacionarlo en un tramo
de la calle Padre Billini del sector
Ciudad Nueva de la capital.
El retiro de los congresistas,
pertenecientes al partido liderado por el expresidente Juan Bosch y el doctor
José Francisco Peña Gómez, se produjo durante las sesiones realizadas por la
Cámara de Diputados y el Senado de la República en la mañana y la tarde del
martes 9 de mayo, luego de que sus voceros,
doctor Jottín Cury y licenciado Secundino Gil Morales, expresaran su
condena al ataque terrorista atribuyendo a su paternidad a un plan siniestro de
sectores oficialistas para eliminar a opositores al gobierno.
Cury, representante del Distrito
Nacional y líder de la minoría parlamentaria, fue el primero en hablar en el hemiciclo de los diputados, donde anunció que
los legisladores de su bancada se apartarían de sus curules hasta tanto el
gobierno del presidente Joaquín Balaguer pusiese coto al crimen desenfrenado.
Su discurso fue seguido por decenas de inquietos espectadores, en su mayoría
simpatizantes de la oposición, sentados en las graderías destinadas al público,
quienes lo ovacionaron cálidamente y entonaron el himno nacional en el instante
en que los legisladores se pusieron de pies para salir del hemiciclo.
De esa manera, el público
presente apoyó la acción sin precedentes expuesta por el congresista opositor,
quien a su salida del salón calificó de inadmisible y caprichosa una
advertencia intimidatoria que acababa de hacer el presidente Balaguer sobre el
tema de una eventual convocatoria de los suplentes de los congresistas para
cubrir sus ausencias temporales, interpretando los artículos 19 y 20 de la
Constitución de la República.
Cury señaló que esa amenaza no
podía materializarse, porque ningún
texto sustantivo o adjetivo impedía que uno o más legisladores se ausentaran
por el tiempo que creyeren pertinente, sobre todo si esa ausencia estaba
determinada por altos y nobles propósitos.
El abogado y líder perredeista
ilustró que la Carta Magna era muda en ese sentido y por tanto, ni el
Presidente de la República ni nadie, podía suplir arbitrariamente el silencio
de la ley, especialmente dictada por una autoridad superior como la Asamblea
Nacional.
El legislador puso énfasis en
refutar la forma sugerida por Balaguer para solucionar en última instancia la
ausencia congresional dispuesta por la oposición, y argumentó que los artículos
citados se referían a los casos en que ocurriesen vacantes, pero no preveían
las ausencias temporales de los congresistas que fueron electos por el pueblo.
También apuntó que como parte
mayoritaria de ese pueblo, los electores
afiliados al PRD estaban exigiendo a sus legisladores el retiro temporal de
ambas cámaras, para dar tiempo a que Balaguer y los senadores y diputados
oficialistas escuchasen la voz de la sensatez y la cordura y se decidiesen a
gobernar con justicia, ajenos a pasiones infecundas.
Más tarde se produjo el retiro de
los senadores, en una ceremonia parecida donde su vocero, el senador por La
Romana don Cundo Gil, reiteró con energía la denuncia sobre un plan existente
dirigido a perseguir y dar muerte a los críticos constantes del régimen de
Balaguer.
CEN respalda legisladores
El comité ejecutivo nacional del
partido blanco difundió un documento que indicaba que el retiro de sus
legisladores sería provisional, hasta tanto se restablecieran las garantías
constitucionales, aunque advertía que pocas personas dudaban, a diez meses de
la asunción al poder del doctor Joaquín Balaguer, que su régimen fuese ya una
sangrienta burla constitucional, debido a que en ese tiempo se habían producido
centenares de crímenes y desapariciones de
sus adversarios.
El escrito también apuntaba que
el grupo que acompañaba a Balaguer en el mando público estaba conformado por
una mayoría de mentalidad regresiva, para quien “el continuismo era norma
petrificada por viejos hábitos políticos y la oposición democrática era un
estorbo insufrible, cuya liquidación se avenía con sus arbitrarios propósitos
de mando sin freno, a la usanza de prácticas no superadas todavía”; y ponía de
ejemplo no sólo el atentado sufrido por el senador Casimiro Castro, sino otros
hechos recientes no menos dramáticos, como la golpiza de que había sido objeto
el diputado perredeísta de esa misma demarcación, Américo Pérez Mercedes, por
parte del raso Carlos Alcántara, del Ejército Nacional, quien intentó
asesinarlo, luego de una discusión que sostuvieron en el municipio de Oviedo;
salvando la vida milagrosamente, gracias a la oportuna intervención del
sargento Jesús María Vásquez, quien sin embargo, fue luego desconsiderado al
hacérsele un traslado inexplicable.
En similar situación estuvo la
diputada Miriam Abreu de Minguijón, representante del PRD por la provincia de
La Vega, quien el 17 de marzo de 1967 fue maltratada y vejada con palabras
groseras por un raso policial que la acusó de comunista y amenazó con apresarla,
en retaliación por una crítica que ella emitiera contra la figura del exjefe de
la Policía, general Belisario Peguero Guerrero, en el momento en que iban
dentro de un carro público que se dirigía hacia la ciudad olímpica.
Según el referido escrito, la
impunidad del crimen cotidiano y la soberbia oficial ante los angustiosos
reclamos de justicia, probaban que el pánico era método de sujeción empleado
contra quienes no se hallaban inscritos en el partido oficialista; y que
contrariamente a lo expresado por el presidente Balaguer, las fuerzas del
terror y la muerte se agitaban en institutos armados cuya dirección,
responsabilidad y control reglamentaba el artículo 55 de la Constitución;
observando que los odios de la Guerra de abril de 1965, tantas veces esgrimidos
en discursos presidenciales como excusa al crimen político, soplaban
principalmente desde esferas colocadas en posiciones ventajosas, frente a las
cuales se estrellaban las esperanzas del castigo corrector.
El documento del partido blanco
seguía diciendo que el Congreso Nacional le había brindado a los legisladores
de esa organización la inestimable experiencia de casi un año de labores, y que
en ambas cámaras, la mayoría congresional oficialista, con excepción escasa de
uno que otro legislador, actuaba como débil aditamento del Poder Ejecutivo,
impidiéndole a la minoría parlamentaria la concreción de un trabajo legislativo
productivo, ya que uno y otro hemiciclo eran cajas de resonancia donde la voz
de mando de Balaguer y sus cercanos colaboradores encontraban eco real, “por
temor a actuar con arreglo a su conciencia dentro de un poder del Estado
nominalmente independiente”.
Asimismo, los legisladores
indicaron que la farsa constitucional era aún mucho más amplia, pero confesaron
que hubo un momento en el que llegaron a creer -en un arrebato de ingenuidad-
que se respetarían los derechos de los representantes de medio millón de
electores dominicanos; pero que lamentablemente no había sido así, como se
había evidenciado en la bala homicida, en la bomba incendiaria y en los hechos
y palabras ultrajantes que tendían a alcanzar a los firmantes de dicho
documento, aunque no así a los
reformistas; pues ninguno de ellos era víctima del terror ni objeto de
tratamiento bochornoso, siendo la oposición quien aportaba las víctimas.
Los firmantes del escrito fueron
los legisladores Secundino Gil Morales, Jottin Cury, Ambiorix Díaz Estrella,
Víctor Manuel Báez González, Miguel Soto, Arístides Victoria José, Enmanuel
Espinal, Noel Suberví Espinosa, William
Ney Novas, Máximo Lovatón Pittaluga,
Renato Arias, Rubén Suro, Francisco Guerrero, Luis Vargas, Eliseo Romeo Pérez, Gilberto
Martínez, Manuel Joaquín Morales, Miriam Abreu de Minguijón, Frank Dezueza
Fleury, Hipócrates Saint-Amand, Honorato Mauriz, Eliseo Pérez Hernández, Julio
González Ortiz, Tomás Sánchez Pérez, Carlos Manuel Ríos, Reynoso, José Joaquín
Ramírez, Barón Atilio Suero Cedeño, Manuel Joaquín Vargas y Américo Pérez
Mercedes.
¿Quién
era Casimiro?
El profesor Pablo Rafael Casimiro
Castro comienza a destacarse tras el golpe de Estado del 25 de septiembre de
1963, que derrocó el gobierno Constitucional de Juan Bosch y el PRD, teniendo
una reconocida participación junto a José Francisco Peña Gómez y José Rafael
Molina Ureña en la promoción sin tregua -en la clandestinidad- de las
actividades conspirativas que dieron origen a la Revolución Constitucionalista
de 1965. Luego fue electo Senador de la República en las elecciones del 1ro. de
julio de 1966.
Era hijo del matrimonio formado
por el obrero Félix Antonio Casimiro y la lavandera Ana Luisa Castro, de la
provincia de Santiago; y nació en esa demarcación el 29 de junio de 1933.
Siendo muy joven se desempeñó como maestro de escuela, manteniéndose en esa
función hasta que se vincula a la actividad política como un simple militante
en los actos públicos de la Comisión de la Libertad, integrada por Ángel
Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo, desde su llegada al país el 5 de
julio de 1961, para pactar con el presidente Balaguer y el general Ramfis
Trujillo, jefe militar de la Base Aérea de San Isidro, el propiciamiento de un
estado democrático donde pudiese operar
un partido de oposición al régimen de turno, instalándose entonces el partido
de la bandera blanca y el jacho prendío en la casa No. 15 de la calle El Conde
de la Capital.
Casimiro se inscribió en esa
colectividad política, logrando muy pronto ascender de la mano de Miolán, quien
en su condición de secretario general del partido, lo incorporó al staff de
analistas en el programa radial “Tribuna Democrática”. Luego, cuando se produce
el retorno de Juan Bosch del exilio y se le escoge como el candidato
presidencial perredeísta, éste le brinda la oportunidad de ser parte del equipo
de contacto con la zona Sur del país; de
manera que el 26 de octubre de 1962, junto al licenciado Eduardo Stormy Reynoso
Sicard, viajan a las provincias de Pedernales, Barahona, Independencia y
Bahoruco, con el encargo de persuadir a los dirigentes locales para que
apoyasen la idea de realizar una nueva convención nacional del partido, que
resolviese el problema planteado por la cuestionada escogencia del señor
Buenaventura Sánchez Féliz como candidato vicepresidencial, o compañero de boleta del líder político.
Desde ese momento el país
comienza a conocer a Casimiro, a valorar su destacada actuación como
organizador partidario y dirigente
humilde, pero muy solidario con la
militancia de su partido. Es aclamado como un gran líder regional y
tercera figura del PRD, después de Bosch y Peña Gómez, por su acción
legislativa en defensa de los pobres y por su infatigable presencia como
expositor vibrante, cuya voz
insobornable trasciende en el Congreso en su condición de titán de la libertad
que forja una vida de leyenda y martirio.
El ataque al senador Casimiro la
noche del jueves 4 de mayo de 1967 generó un movimiento de opinión pública inusual. Él narraría tiempo después que fue
atacado en el momento en que intentaba desmontarse de un jeep Willy, placa
46514, propiedad del comité municipal del PRD en Pedernales, en la calle Padre
Billini de la Capital, con la intención de visitar -como era su costumbre- la
vivienda de la familia Prandy.
Según dijo, provenía del sector
de San Carlos, que era el área de su residencia; pues vivía en la calle Imbert
próximo a la avenida 30 de marzo. Había estado hasta las 8:10 de la noche en el
colmado Argüelles, compartiendo algunos minutos entre amigos, y de ahí se
dirigió hacia Ciudad Nueva, donde llegó al rato, parqueando su vehículo casi en
la esquina Pina, frente a la casa No. 100 de la calle Padre Billini.
Indicó que cuando se disponía a
abrir la puerta del jeep, no pudo hacerlo, pues sintió que un objeto había
penetrado por la ventanilla izquierda; el cual se estrelló en el vidrio
delantero, generando de inmediato el incendio. Era la bomba incendiaria de
fosforo blanco que le fue lanzada desde una motocicleta tipo Vespa que llevaba
a bordo dos hombres con camisas azul y crema, quienes emprendieron la fuga en
marcha acelerada.
Casimiro no supo más de sí, pues
entró en un estado de inconsciencia,
aunque se enteraría después que había sido
auxiliado por la joven abogada Yocasta Prandy, quien al observar que su
cuerpo había sido alcanzado por las llamas, le puso encima una manta y tapó sus
ojos y sus orejas con una toalla, tratando de que no fuesen afectados por el
fuego. Con la ayuda de los vecinos ella lo sacó del jeep, procediendo a
llevarlo junto a su compañero Manuel Matos Ferreras hacia al hospital Padre
Billini, donde les dieron los primeros auxilios, para luego ser ambos
trasladados a la clínica Doctor Abel González.
Un tercer afectado fue el señor
William Henry, quien tuvo quemaduras más ligeras, que se las curaría de modo independiente.
El fósforo blanco es una sustancia
química de gran poder inflamable y le produjo quemaduras en más del 40 por
ciento de la superficie cutánea de su cuerpo, y casi lo mismo pasó con su
compadre Matos Ferreras, quien presentaba un cuadro clínico similar.
De acuerdo al general Enrique Pérez,
ministro de las Fuerzas Armadas de entonces, ese fósforo blanco no había estado
almacenado en los institutos castrenses, ya que en sus arsenales no se
encontraba esa sustancia; pero consideró
muy posible que la misma hubiese entrado al país con las tropas estadounidenses
que nos invadieron durante la guerra civil de 1965; señalando que muchos de
esos pertrechos -traídos por los norteamericanos- habían sido robados. Él
calificó el atentado de “barbaridad” y condenó “a esos malvados terroristas”
que cometieron el hecho criminal.
En la Clínica Doctor Abel
González los dos pacientes quemados fueron atendidos por un equipo médico
encabezado por el doctor Roberto Augusto Sánchez Sanlley, que definió su estado
de salud de pronóstico reservado, debido a la severa quemazón de sus cuerpos,
que en el caso de Casimiro se veía más afectado en su rostro, además de que
tenía una ligera lesión en el ojo derecho, que no pudo evitarse pese al
esfuerzo que hiciera la abogada Prandy en cubrir su cara en el instante del fuego.
En la mañana del día siguiente se
anunciaron las diligencias que se hacían para trasladar al senador Casimiro
Castro y su compadre Matos Ferreras a un hospital especializado de Texas, ya
que el equipo médico era de opinión que debían ser atendidos en un centro de
salud con tecnología médica más avanzada, donde se les garantizase la
esterilidad que necesitaban; y luego de una conversación con sus familiares y
la dirigencia del PRD, se convino en transportarlos hacia la Zona del Canal de
Panamá, en un avión Hércules C-130, de la Fuerza Aérea norteamericana, con
personal médico y equipos de emergencia,
que los conducirían el hospital militar Gorgas, donde serían internados.
Casimiro Castro había sido un
persistente crítico de la política norteamericana en el país, pero sin embargo
ese avión que lo llevaría a un mejor lugar para su sanación, había sido
conseguido por la gentil diligencia de la legación diplomática de los Estados
Unidos, aunque hubo también participación personal de Balaguer, quien se preocupó
en "acelerar el tratamiento del legislador y su curación de las lesiones
que sufrió en el deplorable atentado de que fue víctima".
Oposición plantea condiciones para retornar al Congreso
El 24 de mayo de 1967 el bloque de legisladores
del PRD supeditó su retorno a las cámaras legislativas a que el presidente
Balaguer propiciare un mínimo de
garantías ciudadanas, basadas en la eliminación del terrorismo y el castigo ejemplarizante de los culpables, y
los principales líderes del Congreso realizaron diligencias para reunir a los
congresistas opositores con el presidente Balaguer, quien recibió con
beneplácito a una comisión encabezada por el senador Lovatón Pittaluga y se
comprometió a tomar tres medidas esenciales para la creación de un clima de
convivencia democrática y para el funcionamiento en las Cámaras de una
oposición verdaderamente constructiva”. Esas medidas fueron, a saber: 1)
Creación de un clima de absolutas garantías democráticas para toda la
ciudadanía, partidos políticos y organizaciones sindicales; 2) Garantías para
las emisoras radiales del país, para que se permitiera a los partidos
democráticos y a las organizaciones sindicales utilizar espacios para sus
programas, sin que esto conllevara ninguna clase de presión contra las empresas
que alquilaran esos servicios; y 3) Garantizar para los militares
constitucionalistas una efectiva reintegración en los cuerpos armados.
Balaguer, además de acceder a los
tres puntos esenciales, expresó la conveniencia de que no se interrumpiera el
diálogo entre el gobierno y la oposición y que se tomaran las medidas que
fueran de lugar para que el Presidente de la República sea directamente
informado de todo lo que afectara, en perjuicio de cualquiera de los partidos
de oposición, el libre ejercicio de los derechos políticos inherentes al
ciudadano dominicano.
Esa era la única forma que
visualizaban los líderes de frenar un poco la represión y la barbarie
terrorista que venía afectando a los dirigentes democráticos ubicados en la
oposición al gobierno, para quienes era un verdadero riesgo transitar las
calles de noche, ya que se exponían a ser agarrados “asando batatas”. Ejemplo
de ello fue lo ocurrido con Ramón Emilio Mejía del Castillo (Comandante
Pichirilo), quien fue asesinado en el primer mes de gobierno del presidente
Balaguer (específicamente el 12 de agosto de 1966 en la zona intramuros de la
ciudad de Santo Domingo), y lo que pasó el 17 de enero con la misteriosa
desaparición de Guido Gil, luego de haber estado preso en la ciudad de La
Romana; o la increíble muerte del militante catorcista Orlando Mazara, el 9 de
febrero de 1967, según se dijo abatido por tropas del Ejército en la loma La
Arabia de San José de Ocoa. Esa oleada terrorista alcanzó además en poco tiempo
a otros dirigentes como Roberto Basilio Perdomo, William Jiménez, Luis de Peña
y Roberto Nivar.
Retorno
de los legisladores
El viernes 26 de mayo la prensa
dio cuenta del retorno de los legisladores del PRD al Congreso, confiados en la
palabra del presidente de la República de que se cumplirían las garantías
mínimas exigidas por ellos, aunque esa decisión encontró resistencia entre
algunos congresistas, como contaría el diputado altamireño doctor Luis Vargas,
representante de la provincia de Puerto Plata, quien ofreció una rueda de
prensa para desmentir su supuesta vacilación en el caso; pues la revista Ahora
había divulgado la especie de que éste había recibido una oferta del gobierno
para viajar a Washington, lo que fue en realidad un ofrecimiento que le hizo el
líder de su bloque Jottin Cury, quien lo llamó por teléfono para hablarle de
ese viaje y preguntarle si quería aceptarlo.
El diputado Vargas habló
abundantemente de la resistencia interna a la reincorporación de los
legisladores a sus curules, pero sobre todo de la carta que envió a la revista
Ahora con la correspondiente aclaración a los conceptos erróneos emitidos; señalando
que él nunca flaqueó mientras se mantuvo la protesta que motivó que su bloque
parlamentario abandonara el Congreso; e indicó que siempre había sido enérgico
en su manera de ser, un hombre de invariable conducta, que nunca había
declinado ni siquiera por el hecho de ser hijo de un influyente hacendado
altamireño llamado don Chano Vargas, muy amigo de Balaguer y reconocido
dirigente reformista, quien no había podido convencerlo de que no fuera
perredeísta.
Se debe recordar que
inmediatamente los legisladores
opositores regresaron a sus curules, se produjo una calurosa manifestación de cordialidad entre reformistas y
perredeístas en los pasillos y oficinas del edificio congresual, con muchos
abrazos, apretones de manos y chistes sobre lo acontecido. En primero en hacer
su arribo al palacio congresional fue el diputado Tancredo Duluc, del Distrito
Nacional, quien expresó que la palabra del presidente Balaguer había quedado
empeñada frente a la concesión del bloque de volver al Congreso. Luego llegó el
diputado por la provincia Peravia, Eliseo Romeo Pérez, quien expresó que fue
sensata la decisión adoptada por su bloque ante las promesas hechas por el
presidente de la República., agregando que ahora estaba en juego la palabra del
presidente Balaguer de hacer cumplir las medidas que sometió el bloque opositor
como condicionantes del regreso al Congreso.
La reintegración de los
legisladores oposicionistas puso fin a una actitud de rebeldía mantenida
durante 18 días, a raíz del atentado sufrido por el senador Pablo Rafael
Casimiro Castro. La opinión generalizada entre los congresistas reintegrados
era que la situación del país había mejorado un poco con el aminoramiento de
los actos terroristas, aunque no habían desaparecido completamente las causas
que dieron lugar a la protesta.
*El autor es politólogo y reside en Santo Domingo.
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