👉El presidente Luis
Abinader ha reiterado en diferentes escenarios nacionales e internacionales que
las naciones poderosas intervengan el territorio de Haití para contribuir a la solución
de la crisis política de esa nación y eliminar las pandillas delincuenciales
que mantienen en zozobra a millares de familias haitianas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana
(Servicios Especiales El Orientador). - El presidente Luis Abinader instruyó al director de
Migración Venancio Alcántara Valdez para que no admita en territorio dominicano
a un grupo de 39 ciudadanos haitianos, entre los que hay sancionados por
Estados Unidos y Canadá.
Entre los extranjeros
ligados a conductas ilícitas y criminales están: Youri Latortue; Gracia Delva,
Liszt Quitel, Rodolphe Jaar, Bredy Charlot, Kesner Normil, Evans Paul, Assad
Volcy, Jean Tholbert Alexis, Victor Prophane, Laurent Salvador Lamothe, Richard
Lenine Hervé Fourcand, Rony Celestin, Gary Bodeau, Espérance Pierre, Charles
Kiko Saint-Rémy, Sherif Abdallah, Arnel Belizaire, Salim Succar, Reynold Deeb,
Nénel Cassy, Berto Dorcé y Antonio Cheramy (a) Don Kato.
También se están Steve
Khawly, Frantz Cole, Jean Mardoché Vil, Fritz Désiré, Dieuné Day, Romel Bell,
Wakin Pierre, Jhonson André (a) Izo, Manuel Saloman (a) Manno, Joselito
Petit-Homme (a) Ti Makak, Carlo Petit-Homme (a) Ti Makak, Elan Luckson, Jermaine
Stephenson (a) Gaspiyay, Albert Stevenson (a) Djouma, Julmé Ernst (a) Ti Greg y
Woodley Ethéart (a) Sonson La Familia.
Varios de los señalados
anteriormente han sido sancionados por los Estados Unidos y Canadá.
El presidente justificó
su accionar en lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución, texto que le
faculta a prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada
de extranjeros al territorio nacional. Se recuerda que la Ley 285-04, General
de Migración, y su Reglamento de Aplicación, permiten impedir el ingreso al
territorio nacional de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales o
que, a juicio de las autoridades competentes, constituyan algún tipo de amenaza
contra la seguridad nacional y los intereses de la República.
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